ESCÁNDALO TOTAL: KEIKO FUJIMORI DIRIGE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DESDE LAS SOMBRAS – REVELACIÓN EXPLOSIVA DE EX CANDIDATO ACUSA REUNIONES SECRETAS PARA “ELEGIR” MAGISTRADOS
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ESCÁNDALO TOTAL: KEIKO FUJIMORI DIRIGE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DESDE LAS SOMBRAS – REVELACIÓN EXPLOSIVA DE EX CANDIDATO ACUSA REUNIONES SECRETAS PARA “ELEGIR” MAGISTRADOS
Lima, 17 de marzo de 2026 – Una bomba política ha estallado en el corazón del sistema judicial peruano. El abogado Luis Carrasco García, excandidato al Tribunal Constitucional (TC), reveló en entrevista exclusiva en el programa “Beto a Saber” que fue convocado a una reunión privada con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, junto a Luis Galarreta y Martha Moyano, como paso previo y decisivo para su posible elección como magistrado en diciembre de 2023.Según el testimonio de Carrasco García, asesores de Fuerza Popular lo contactaron tras aprobar los exámenes de conocimiento y psicológicos, indicándole que debía presentarse “preparado” ante la “lideresa” (término que le recomendaron usar porque “le gusta que la traten así”). En la cita de noviembre de 2023, Keiko Fujimori le preguntó sobre su trayectoria académica, profesional, origen piurano y visiones procesales. Él expuso su compromiso con la imparcialidad, pero al final no fue seleccionado: “Mi condición de persona imparcial y mi trayectoria los inclinó por Pedro Hernández, que ‘ofrecía’ las posibilidades de actuación conforme algunos legisladores quieren”, declaró.Esta denuncia confirma lo que muchos sospechaban: que la elección de magistrados del TC —órgano clave para interpretar la Constitución y resolver casos de alto impacto político— no se basa solo en méritos ni en la votación abierta del Congreso, sino en audiciones previas y acuerdos extrainstitucionales con cúpulas partidarias, en este caso lideradas por Keiko Fujimori.Delitos consentidos y posibles implicancias penalesLas conductas descritas en el testimonio —y admitidas como práctica recurrente— configuran varios delitos tipificados en el Código Penal peruano, consentidos o facilitados en el proceso de selección de altos funcionarios:Tráfico de influencias (art. 400 del Código Penal): Uso de poder o influencia (en este caso, de una lideresa partidaria con control sobre bancada congresal) para obtener resolución favorable en procedimiento administrativo o judicial. Aquí, influir en la designación de magistrados a cambio de alineamiento ideológico o lealtad futura.Cohecho pasivo propio o específico (art. 393 y 393-A): Aceptar o solicitar donativo, promesa o ventaja para realizar u omitir acto en el ejercicio de funciones públicas. Si se interpreta que el “visto bueno” implicaba compromisos implícitos de fallos favorables (como en casos de impunidad política), podría configurarse.Patrocinio ilegal (art. 399): Intervenir indebidamente en asuntos judiciales o administrativos valiéndose de poder o influencia. La reunión privada como “filtro” previo a la votación congresal viola la autonomía e independencia del TC (art. 201 de la Constitución).Concierto para delinquir o asociación para delinquir (art. 317): Si se prueba que existe un acuerdo sistemático entre líderes partidarios y congresistas para controlar el TC y asegurar resoluciones sesgadas (ej. archivo de casos como Cócteles, liberación de Alberto Fujimori o fallos favorables a aliados políticos).Estos actos erosionan la independencia del Poder Judicial y constituyen un grave atentado contra la democracia, ya que el TC ha emitido fallos controvertidos que benefician a figuras políticas investigadas. Hasta el momento, no hay respuesta oficial de Keiko Fujimori ni de Fuerza Popular desmintiendo los hechos, lo que ha desatado indignación en redes y llamados a investigaciones por parte de la Fiscalía y la Comisión de Ética del Congreso.La revelación de Carrasco García podría ser el detonante para una profunda auditoría al proceso de elección de magistrados del TC y para abrir indagaciones penales contra quienes participan en estas prácticas. ¿Hasta cuándo el Congreso y las cúpulas partidarias seguirán decidiendo quién interpreta la Constitución peruana? La ciudadanía exige respuestas y justicia.
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